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GREMIALES
Sin uniformes en la mesa de la CGT.
Dos resoluciones ratificaron que las fuerzas de seguridad no se pueden sindicalizar

Fecha: 16/03/2010  Hora: 05:00  

- El Ministro de Trabajo rechazó un pedido de inscripción gremial de un sindicato policial y otro de suboficiales de la Armada
“Cuando hay planes de ajuste, nos usan para reprimir las manifestaciones del pueblo”, dicen los involucrados.

El derecho a la sindicalización, consagrado en la Constitución y en las normas internacionales, rige para todos los trabajadores argentinos excepto para un cuarto de millón: los efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. El Gobierno ratificó el viernes esa limitación al rechazar, en dos resoluciones consecutivas, el pedido de inscripción gremial de un sindicato policial y otro de suboficiales de la Armada. La postura oficial contrasta, sin embargo, con la de la CGT, la CTA y la del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, entre otros juristas y especialistas en el tema de la seguridad, indicó Crítica de la Argentina.

La resolución 244 del Ministerio de Trabajo rechazó el pedido de inscripción del Sindicato de la Policía de Formosa (Sipolfor), mientras que la 245 hizo lo propio con un planteo similar del Sindicato Único de Suboficiales de la Armada (Susara). En ambos casos, el ministro Carlos Tomada fundó su decisión en un artículo del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que “establece que la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical”.

“La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías”, repiten ambas resoluciones en sus considerandos.

Los policías y especialistas favorables a la sindicalización, en cambio, alegan que en la medida que en la Argentina no existe una ley que prohíba de manera explícita la organización gremial de los miembros de las fuerzas de seguridad y militares, el Gobierno debería autorizar la formación de esas asociaciones. “Desmilitarizar la organización policial y permitir la sindicalización, dando al policía derechos laborales y dignidad como persona. A través de la sindicalización se crea la conciencia policial. Pagarle mejor y mejorar las condiciones de trabajo”, dijo en 2008 el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni.

Se calcula que en la actualidad existe una veintena de sindicatos policiales y penitenciarios, de Gendarmería y Prefectura, y un número indeterminado de gremios de efectivos de las Fuerzas Armadas. Desde el retorno de la democracia, ninguno de ellos obtuvo reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo.

“El obstáculo de fondo para la sindicalización es político y no jurídico. Los gobiernos latinoamericanos tienen la tendencia de no permitirla por una cuestión de permanencia en el poder: cuando quieren aplicar políticas de ajuste, nos usan a nosotros para reprimir las manifestaciones del pueblo”, le dijo a Crítica de la Argentina Ever Palermo, secretario adjunto de la Asociación Democrática Policial y Penitenciaria de Santa Fe (Adepol).

El dirigente agregó: “Queremos hacer un sindicato democrático para construir conciencia en los trabajadores, que no salgan a reprimir al pueblo sino a defenderlo y a combatir la delincuencia. No queremos que un policía le pegue un balazo a un laburante que sale a la calle a pedir por su trabajo”. Palermo, de 32 años, quedó cesante con el grado de cabo en 2005 luego de participar en una huelga en Rosario, organizada como protesta por el asesinato de dos policías a los que “se les trabaron las armas” cuando intentaron evitar delitos.

Esa medida de fuerza significó el nacimiento de Adepol por la ruptura con el único gremio que existía hasta entonces en la provincia, la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol). En la división pesaron cuestiones políticas y de método de organización.

Alberto Martínez, secretario general de Apropol, coincidió con que el Gobierno impide la sindicalización de los policías “por un capricho político” y recordó que “el artículo 14 de la Constitución señala que todos los trabajadores tienen derecho a conformar asociaciones sindicales”. El dirigente citó un estudio según el cual, en los últimos años, hubo en la Argentina más de 200 medidas gremiales de policías, como huelgas y autoacuartelamientos, entre otras protestas. En su mayoría, se trató de medidas por aumentos salariales y del valor de los adicionales, equipamiento y reducción de horas de trabajo. Martínez dijo que desde la gestión presidencial de Eduardo Duhalde sólo tuvieron negativas a sus planteos de agremiación y las adjudicó a la oposición de las autoridades nacionales, pero también “de los gobernadores y de los propios jefes policiales”.

Otro golpe a la sindicalización lo asestó la propia OIT, cuando en 2008 contestó a una queja del Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba) y de la Federación de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp) para validar el criterio de que el convenio 87 “ha dejado la cuestión a la apreciación de los estados miembros”.

Al igual que Adepol, la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina-Córdoba nació en 2005 luego de una protesta que incluyó el encadenamiento y huelga de hambre de sus protagonistas. “Duró una semana, hasta que nos llamó el gobernador (José Manuel) De la Sota y llegamos a un buen acuerdo económico, pero nos costó el pase a retiro”, recordó René Zabala, jefe de la organización. Zabala reconoció que el convenio 87 de la OIT liberó a cada país a resolver sobre la sindicalización de sus fuerzas, pero dijo que al mismo tiempo “no habla de impedirlo, sino de restringir algunos aspectos” como el derecho de huelga.

Qué dicen los expertos

Para Noemí Rial, secretaria de Trabajo, “si quisiéramos tipificar a este personal como trabajadores, tendríamos que dictar una ley especial para que puedan negociar. Pero con la ley vigente, sería absurdo otorgarles un derecho que no podrían ejercer”. El asesor de la CGT, Héctor Recalde, sostuvo que tienen derecho a agremiarse “con algunas limitaciones, orientadas en particular a las medidas de acción directa que pueden tomar”.



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