Pedro Exequiel Nores pidió declarar ayer ante el tribunal de la Sala Nº 1 en lo Criminal de Paraná, donde se lo está juzgando imputado del delito de Robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser tenida por acreditada en concurso real con privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad. Nores se hizo responsable del hecho y, contrariamente a lo que muchos esperaban, reconoció que tenía un arma y que no estaba drogado cuando, el 19 de febrero de 2008 entre las 11.30 y las 12.30 ingresó al domicilio de Alcira Navarro, ubicado en Espiro 2250 en el sur de la capital provincial y redujo a la dueña de casa y a su empleada Maricel Simonetti a punta de pistola. Pero también fue más allá y aseguró que durante su estadía en prisión no recibió ninguna ayuda y sí drogas y ansiolíticos.

El caso que se investiga en esta audiencia tuvo ribetes cinematográficos porque Nores, luego de revisar toda la casa en busca de dinero y valores, también redujo al esposo y a la hermana de Navarro que llegaron al lugar alrededor de las 12, y obligó a la dueña de casa a manejar su auto Fiat Palio hasta una vivienda en construcción ubicada en la esquina de 3 de febrero y Millán en el oeste de Paraná, donde fue acorralado y posteriormente detenido en un importante operativo policial.

¿Drama o comedia?.Nores, que es defendido por Guillermo Vartorelli, brindó un crudo testimonio que, de acuerdo al lado del mostrador en que uno se encuentre, puede sonar oportunista o ser una manifestación honesta de la consecuencias que genera la marginalidad en las personas estigmatizadas por haber estado presas.

El imputado, de 27 años, reconoció que pasó gran parte de su vida preso o en institutos de rehabilitación por adicciones, de los que sostuvo: “No los vi nunca como lugares para rehabilitarse” y agregó que sufrió situaciones de violencia que sólo “un ser humano puede resistir por la fortaleza de espíritu”. Nores recordó que estuvo internado en institutos de Rosario y de Islas del Ibicuy.

Consultado por el tribunal, que integran Ricardo González, Hugo Perotti y José María Chemez, sobre si cuando estuvo privado de la libertad cumplió con el régimen progresivo de la pena y si desde el Servicio Penitenciario le brindaron asistencia psicológica respondió: “El Servicio Penitenciario me brindó drogas, no trabajo, y menos asistencia psicológica, psiquiátrica o médica”. Ante la pregunta sobre si la droga se la daban otros presos o personal penitenciario respondió que se la cedían en “la enfermería del Penal”.

Nores, ante la mirada escrutadora del fiscal de Cámara Juan Carlos Almada, relató: “Usted plantea un problema porque está nervioso, quiere ver a un familiar que está a 600 kilómetros de la ciudad en la que está preso o cualquier otro inconveniente y ellos le dan Rivotril o Valium”, y añadió que “no hay ningún tratamiento, tal vez haya alguno pero no existe, al menos conmigo”. Interrogado sobre si pensó en terminar su educación en prisión, puesto que sólo tiene educación primaria, respondió: “No se me otorgó esa posibilidad”.

Sin rumbo. El imputado cometió el hecho que se le atribuye 45 días después de salir en libertad tras cumplir una condena de ocho años y medio por Robo calificado por un hecho cometido en 2002, además tiene varias causas en proceso. Ayer, sostuvo que durante ese mes y medio buscó trabajo y no lo consiguió. Consultado por el tribunal para que diera cuenta de los lugares en que solicitó empleo, dijo: “Soy de oficio carnicero”, y mencionó que se presentó en al menos dos carnicerías de la zona en la que vivía, y agregó que le respondieron que “estaban escasos de dinero, que habían despedido gente; me ofrecí a trabajar por la comida y me dijeron que eso era imposible”.

Nores contó que al salir de la cárcel trató de reencontrarse con su pareja y su hijo, pero aquella ya había iniciado una relación con otro hombre que estaba infectado con HIV. Ante sus intentos de reiniciar la relación, su ex mujer le dijo que ella también tenía Sida, situación que, sostuvo, lo “shockeó” y añadió “no podía aceptarlo”.

Nores reconoció que portaba “un arma 9 milímetros, que era verdadera pero no funcionaba ni tenía balas”. También contó que la obtuvo de un tanque de agua que estaba en su casa y que el arma llevaba allí 10 años, por lo que estaba oxidada y la tuvo que limpiar con un trapo. En este punto, negó que la haya accionado para intimidar a sus víctimas, tal como declaró Raúl Gaillard; incluso, ante una pregunta del presidente del tribunal acerca de quién mentía, si el testigo o el imputado, Nores respondió: “Él (por Gaillard) no dijo que lo vio lleno de balas, dijo que supuso que tenía balas”. También negó haber pateado al testigo y haber golpeado a la dueña de casa.

Finalmente, Nores reiteró: “Soy responsable de lo que se acredita. Sólo quiero pedir disculpas”, y manifestó que la ayuda que reclamaba era “psicológica por mi adicción”. El viernes declararán los peritos psicólogos que atendieron a Nores y será la etapa de los alegatos.

Ayer también declararon dos policías que estuvieron en la vivienda en construcción en calle 3 de febrero y Millán donde Nores fue cercado. Los efectivos brindaron testimonios contradictorios entre sí. Así, mientras uno dijo que no entró a la casa y vio los objetos desde afuera, el otro sostuvo que aquel entró con él a la vivienda. Por otra parte, el primero dijo en la instrucción que se quedó a custodiar los elementos robados mientras esperaba la orden judicial para ingresar al lugar; y un efectivo que declaró en la primera jornada dijo que al lugar entraron cuatro uniformados.

Esconder la basura debajo de la alfombra

Si bien la confidencia que realizó Nores ayer sobre el consumo de drogas en las cárceles argentinas no involucró a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, puesto que quedó la duda porque estuvo detenido en otras cárceles, el crudo relato volvió a poner en el tapete una situación que es un secreto a voces en los ámbitos ligados a la actividad carcelaria y judicial.

En julio de 2008, la psicóloga que asistía a José Luis Freccero en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná sorprendió al tribunal de la Sala Nº 2 en lo Criminal de Paraná cuando, en la audiencia en la que se debatía la responsabilidad de aquel por el delito de Homicidio calificado y Tentativa de homicidio calificado idealmente concursados entre si, por el incendio intencional de una precaria vivienda, reveló que en la cárcel capitalina es habitual el consumo de drogas, psicofármacos y alcohol. Incluso, la profesional deslizó que tal situación es estimulada por el personal penitenciario que administra aquellos elementos a la tarde noche con la comida.

Sería bueno que –por la valentía de la psicóloga que se atrevió a informar sobre tan grave situación y por el relato que realizó ayer Nores, más allá de los verdaderos motivos que lo impulsaron a hacerlo– la Justicia tome cartas en el tema e inicie una investigación de oficio profunda para esclarecer si esto es realmente así.

El artículo 18 de la Constitución nacional prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Una sociedad seria merece que no se esconda la basura debajo de la alfombra.


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