Tanto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), como el Foro por los derechos de las Mujeres, la Fundación Mujeres Tramando y el Conders expresaron mediante un documento que “exigimos el cumplimiento del artículo 86º, inciso b del Código Penal de la Nación, que desde el año 1921 contempla la no punibilidad de la interrupción de un embarazo, cuando éste es producto de una violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente”.

Por otro lado, Mónica Laporta, del centro de asistencia a la vida naciente Grávida explicó a UNO que su postura es que “la vida es un regalo, y que se debe defender desde la concepción”, opinión compartida por el Foro de la Familia.

El Código Penal permite interrumpir el embarazo ante una situación como ésa sin que implique sanciones para los médicos que asistan a la paciente. Sin embargo, la defensora de Menores de Paraná, Marcela Piterson, interpuso una medida cautelar alegando que debían tutelarse los derechos del niño por nacer. Su postura fue compartida por la jueza Claudia Salomón, y eso impidió que se practicara el aborto en el hospital materno infantil San Roque.

Cabe recordar que la madre de la chica, de 19 años y con un retraso mental, acudió a ese centro asistencial con la intención de interrumpir el embarazo. La joven lleva en su vientre un feto de 16 semanas de gestación producto de una violación. Eso motivó además una denuncia penal, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Bonazzola.

La chica tiene una capacidad mental de una niña de 5 años, vive con su madre, Marta Raquel Gauna y sus 10 hermanos en el barrio Humito, en una vivienda muy humilde.

Según una versión, la madre de la joven fue al hospital y consiguió un médico dispuesto a realizar el aborto. Pero también trascendió que luego la mujer cambió de parecer y acudió a Tribunales, donde se dispuso que la gestación continuara. Además, se ordenó la intervención del Consejo Provincial del Menor, que alojó a la muchacha en uno de los hogares que tiene en Paraná.

“La madre de la menor fue llevada a la sede del Consejo del Menor de Paraná, y bajo engaño firmó la autorización para que su hija fuera internada en forma provisoria en un hogar de su dependencia. La progenitora reclama por su derecho a tener a su hija nuevamente bajo su cuidado, y manifiesta su preocupación por la dilatación de la práctica quirúrgica, que tenía turno otorgado en el hospital San Roque para el lunes 27 de agosto, la que fue interrumpida por la presentación de una medida cautelar, impidiéndole el ejercicio pleno de su derecho”, señaló Cristina Ponce, titular del Inadi en Entre Ríos.

La recomendación del Inadi indica que la judicialización de estos casos posterga el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo, lo que posiblemente lo haga impracticable, poniendo en riesgo la salud integral de las mujeres que recurren, en la mayoría de los casos, al aborto clandestino “que es la primera causa de muerte materna en la Argentina”, sostuvo la consultada y agregó: “Denunciamos el divorcio existente entre las disposiciones de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos consagrados constitucionalmente, las normas del Código Penal y la práctica médica respecto de los abortos legales”.

Mónica Laporta, titular de Grávida dijo: “Somos un centro de asistencia a la vida naciente, estamos para ayudar a la mamá y al bebé, y a que la vida continúe. Somos coherentes con esto: la vida tiene que ser vivida”, y opinó que la decisión de no practicar el aborto es correcta, porque se defiende la vida de la persona por nacer, que tiene todas las características de un ser humano, sólo le falta tiempo en el vientre materno, hasta el nacimiento.

La postura de Grávida es que el aborto desde el punto de vista natural, es rechazado, más allá de que se trate de una madre discapacitada. En estas situaciones hay que tener en cuenta a la madre y al hijo, para lo cual hay que darles todos los elementos y garantías de un buen embarazo, más allá de cómo se produjo la concepción, ya que nadie viene al mundo por casualidad y que determina que cada ser nuevo tiene un proyecto de vida.

Cuarta causa de muerte
Según datos de la dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia, entre enero y abril los hospitales públicos provinciales atendieron a 482 mujeres que buscaron interrumpir sus embarazos con métodos violentos. La estadística confirmó que 103 de esas pacientes asistidas son menores de edad y que el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte en Entre Ríos.


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