Paraná
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JUDICIALES
Manejó la represión en Entre Ríos
La cabeza del general Trimarco

Fecha: 24/03/2010  Hora: 07:30  

- En el Ejército organizó una maternidad ilegal, tres campos de concentración y se investiga si también un cementerio clandestino


Juan Carlos Ricardo Trimarco (DNI 4.462.635) nació en Buenos Aires el 27 de agosto de 1925. El 24 de marzo de 1976, con el grado de coronel, juró como interventor militar en el gobierno de Entre Ríos. En diciembre del mismo año, ya como general y a sus 51 años de edad, asumió al mando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, con asiento en Paraná, donde se desempeñó hasta el 18 de diciembre de 1979. Luego fue comandante del Segundo Cuerpo del Ejército y, en las postrimerías de la dictadura, fue el jefe del Primer Cuerpo del Ejército.

A pesar de ocupar esos sitiales de autoridad durante los años del terrorismo de Estado, no tiene antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia, según notificó ese organismo al Juzgado Federal de Paraná hace tres años. Ni siquiera la intervención del juez español Baltarzar Garzón sirvió para juzgarlo por delitos de lesa humanidad, ya que fue uno de los 33 represores liberados el 1 de setiembre de 2003, cuando el gobierno de José María Aznar desistió de los pedidos de extradición.

El 30 de noviembre de 2007, Trimarco no se presentó a declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Paraná, que lo había citado por su responsabilidad en la apropiación de menores nacidos en cautiverio en el Hospital Militar. Su representante, el abogado Eligio González, presentó un certificado de la clínica Fleni, de Buenos Aires, según el cual no podía someterse a la Justicia porque padecía Alzheimer.
Los tiempos de la impunidad se estiraron, aún más, por las irregularidades cometidas en las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.
El 34º aniversario del golpe de Estado encuentra al jefe de la dictadura en Entre Ríos todavía sin castigo y a la espera de un desenlace que ahora parece inminente: a fin de mes los peritos indicarán si el estado de su cabeza le permite o no enfrentar a la Ley y el juez resolverá su situación procesal.

Los dominios del general
La cabeza de Trimarco funcionaba de otro modo durante la dictadura. Como máximo responsable militar en Entre Ríos, está acusado de ser el autor de numerosos delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Su accionar no fue diferente al del resto de los altos jerarcas que sí han llegado a los estrados judiciales: bajo su jurisdicción hubo asesinatos y desapariciones, manejó los centros clandestinos de detención (CCD), organizó una maternidad clandestina para apropiarse de los hijos de las víctimas y sustituirles sus identidades, ejecutó el Plan Cóndor en territorio entrerriano, mantuvo una estrecha relación con las autoridades de la iglesia católica y ahora se investiga si también instaló un cementerio clandestino.
Todo ocurría en los alrededores de su casa, la “Casa del Comandante” ubicada en el predio del Ejército. A media cuadra, en el Hospital Militar, está comprobado que parturientas detenidas –hoy desaparecidas– eran traídas desde los CCD de Rosario. La prueba es la hija de la desaparecida Raquel Negro, que recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008, y todavía se está buscando a su hermano mellizo y a los gemelos de Graciela Susana Capocetti, también desaparecida.

El hermano de una de las víctimas narró ante la Justicia Federal de Paraná un episodio que demuestra cómo se manejaba Trimarco. “El 10 de setiembre de ese año (1976), el general Juan Carlos Trimarco me llama a su despacho, lugar en el que, apuntando con su arma a mi cabeza, me dice: ‘Su hermano es un subversivo. Usted no tiene nada que averiguar. No quiero saber más nada de que usted o cualquier miembro de su familia anden haciendo preguntas’”.

Unos metros hacia el sur del Hospital Militar y también muy cerca de la Casa del Comandante, en el Escuadrón de Comunicaciones, funcionó el principal campo de concentración. Eran minúsculos calabozos con puerta de chapa, donde los detenidos estaban estaqueados, comían las sobras de los perros y debían hacer sus necesidades en el piso o dentro de una bolsa. Las pocas veces que los dejaban salir les cubrían la cabeza con una capucha.
Detrás del predio del Ejército, sobre calle General Guido, funcionó otro CCD: las aulas de la escuela Álvarez Condarco, de acuerdo con el relato de ex detenidos.
El comandante también tenía muy cerca el tercer CCD que dependió de su Ejército: La Escuelita. Se trata de un edificio ubicado en dependencias del Batallón de Ingenieros que alguna vez fue una escuela, donde también hubo detenidos. Hay denuncias en el Juzgado Federal que indican que en ese lugar existía un aljibe, donde los militares tiraban cuerpos de desaparecidos, para luego taparlos con cal. Esta hipótesis revelaría la existencia de un verdadero cementerio clandestino. Para eso se dispuso que en los próximos días se inicien las excavaciones y las pericias arqueológicas a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. En el lugar ya hay custodia de Gendarmería.
En el CCD de Comunicaciones fue visto el entonces arzobispo de Paraná, Vicario General Castrense de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Adolfo Servando Tortolo, con quien Trimarco tenía un vínculo cercano.
Además, el comandante fue ejecutor del Plan Cóndor en Entre Ríos, cuando permitió la actuación de fuerzas paraguayas que secuestraron en Paraná al todavía hoy desaparecido dirigente del Movimiento Popular Colorado, Agustín Goiburú.

Los delitos
Los abogados querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad, promovieron la acusación contra Trimarco por haber estado durante la dictadura al mando de toda la estructura estatal de gobierno y de seguridad, en la jurisdicción a su mando, tanto de las dependencias e instalaciones edilicias civiles como castrenses.
En el marco de un esquema clandestino, sistemático, planificado, organizado y dinamizado para reprimir y eliminar mediante el secuestro, la tortura y el asesinato a los disidentes políticos, fue acusado de ordenar el secuestro y homicidio de –al menos– Victorio José Ramón Erbetta (desaparecido); Juan Alberto Osuna; Carlos José María Fernández (desaparecido, junto con Osuna, acribillado en la Masacre de la Tapera) y Pedro Miguel Sobko (desaparecido), y la privación ilegítima de libertad agravada de numerosas víctimas.
Además, ordenó la atención a la parturienta Raquel Negro y la sustracción de sus bebés, así como la sustitución de la identidad de éstos. Hasta el momento, a pesar de estas graves acusaciones, el ahora anciano de 84 años permanece sin castigo.

En oportunidad de declarar como testigo en la causa Área Paraná, una ex detenida contó en el Juzgado Federal que Trimarco en persona participó del operativo clandestino realizado en su casa, cuando secuestraron a uno de sus hermanos. El mismo comandante llegó a reconocer este tipo de participaciones cuando los familiares de las víctimas iban a pedirle explicaciones, diciendo con sorna: “Algunas veces soy soldado y otras jefe”.


  (Radio La Voz)

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